La interpretación judicial ha resultado en los últimos tiempos especialmente polémica: la precariedad laboral, el intrusismo y las traducciones poco fieles abundan hoy en día en los juzgados españoles.

Los servicios profesionales de traducción son imprescindibles en el mundo globalizado en el que vivimos. Actualmente resulta imposible convivir en nuestra sociedad sin mantener contacto con una lengua extranjera. La mayor parte de esos contactos transcurren a lo largo de nuestro día a día sin que nos percatemos, ya que detrás se encuentra una auténtica horda de traductores profesionales que nos facilitan las cosas y nos hacen comprender en nuestra lengua materna a Shakespeare, a Woody Allen, los términos y condiciones legales de nuestro seguro o la interfaz de aplicaciones móviles de todo tipo.

Sin embargo, los servicios de traducción no siempre se llevan a cabo por medio de profesionales del sector. Probablemente, todos podamos evocar el recuerdo de traducciones demasiado literales, erróneas e irrisorias que hayamos visto en carteles de establecimientos o en instrucciones de artículos producidos en el extranjero. El intrusismo es un problema grave que afecta a nuestro campo. De todas las modalidades de traducción, quizá sea en la interpretación judicial donde se hace más patente la peligrosidad de confiar una traducción a una persona sin la preparación necesaria.

Siendo la interpretación judicial tan importante, ¿por qué se opta por intérpretes amateur sin formación específica?

Por la intención de abaratar costes y la falta de regulación en este ámbito. Los gobiernos autonómicos españoles, entre ellos el gallego, ponen en manos de una empresa concesionaria la oferta de intérpretes judiciales cuando se requiere su intervención en un juicio. Los requisitos para entrar a formar parte de este cuerpo de intérpretes son tan flexibles que a menudo nos encontramos con profesionales de otros sectores, por ejemplo la hostelería, que hablan con fluidez la lengua requerida pero que carecen de las herramientas necesarias para realizar un buen trabajo. En ocasiones, como sucedió en febrero de 2017 en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, el juez se ve en la obligación de aplazar la vista por la torpeza del intérprete, ya que se incurre en una grave vulneración de los derechos de defensa y hace peligrar las garantías procesales.

Las tarifas que se abonan a estos intérpretes no son las adecuadas y nunca serían aceptadas por un intérprete profesional con la formación necesaria. Esta formación no se limita a conocer la terminología y contar con nociones específicas del sector, sino que es igualmente importante honrar el código deontológico de los traductores. Una buena interpretación no puede omitir parte de la información y el intérprete no debe nunca excederse en sus funciones, aportando opiniones o dando consejos a su cliente, ya que puede resultar muy perjudicial para este.

La puesta en valor de profesionales formados, competentes y comprometidos con su trabajo es una tarea que nos corresponde a todos nosotros. Escatimar gastos comprometiendo la calidad de una traducción o interpretación puede traer consecuencias nefastas, la mayoría de las veces fácilmente evitables. Conviene tener en cuenta el valor de la experiencia y de las horas de formación cuando contratamos una traducción, pues de ello depende que nuestro mensaje trascienda como lo haría una obra de Shakespeare, o que suene a instrucciones de artículos de bazar.